[dropcap custom_class=»normal»] L [/dropcap]a aplicación del Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios (IEPS) a los servicios de telecomunicaciones ha tenido en nuestro país 2 etapas o momentos, el primero fue el período de los años 2002 y 2003, en el cual estuvo vigente un impuesto a dichos servicios, mismo que fue eliminado para el año 2004 por “cuestiones de política fiscal”, según la exposición de motivos, y el segundo el comprendido del año 2010 a la fecha, en que nuevamente se ha gravado con el impuesto a las telecomunicaciones.
Considerando que las telecomunicaciones constituyen un sector primordial en el progreso de un país y que en México aún se encuentra en desarrollo y enfrentando una serie de problemática que incluye desde la piratería hasta la falta de estructura, pues el gravar tales servicios con un impuesto pudiera no ser lo más recomendable para promover su desarrollo con la velocidad que los tiempos lo requieren, por lo que igual considerando la forma en que se ha regulado el gravamen, sobre todo en esa primera etapa o momento que ya citamos, pues he considerado oportuno y conveniente hacer una recapitulación de aquel primer intento de gravar con IEPS a las telecomunicaciones, para finalmente comentar la situación actual al respecto.
EL PRIMER INTENTO
La aplicación del IEPS a los servicios de telecomunicaciones a partir del año 2002 creó en su momento gran controversia y fue motivo de enconadas declaraciones en contra de tal gravámen por parte de los diversos sectores que se vieron afectados por la reforma fiscal que gravó con un 10% de IEPS a dichos servicios.
En efecto, porque con tal gravámen se vieron afectados servicios tales como la telefonía móvil con tecnología celular, radiolocalización, radiocomunicación y televisión restringida (por cable o satelital), lo cual motivó que las principales empresas que prestaban estos servicios promovieran el amparo en contra de dicha disposición.
Debemos recordar que tal gravámen fue parte de aquella infausta reforma fiscal que para el año 2002 se sacaron de la manga nuestros diputados y senadores, aquella que fue considerada por muchos como la peor reforma fiscal en varios años por la gran cantidad de errores e inconstitucionalidades que contenía.
Debido a lo anterior, el fisco no pudo lograr recaudar lo que se había estimado por dicho concepto ya que de 3,830.8 millones de pesos solo se recaudó alrededor de 1,387 millones de pesos, es decir, un 36% de lo esperado.
Pero que fue lo que ocasionó tanta polémica e inconformidad por parte de los prestadores de éste tipo de servicios?……Principalmente la inequidad de las disposiciones, además de los errores y contradicciones que contenía el texto de la Ley respectiva, pero también lo motivó el hecho de que éste impuesto fue considerado inhibitorio para el desarrollo de las telecomunicaciones en México ya que podría ocasionar el cierre de varias empresas del ramo.
En el caso de las empresas de radiolocalización, que con la puesta en marcha del sistema celular de que el que llama paga habían sido duramente afectadas, ya que habían perdido más del 50% de sus usuarios, según datos de la Asociación Mexicana de Concesionarios de Radiolocalización (AMCOR), se señalaba que con la entrada en vigor del IEPS a sus servicios estimaban la quiebra de más de 30 empresas del sector.
Mientras que en el caso de la industria de la radiolocalización móvil de personas o paging, se estimaba que resultaría tan afectada por éste impuesto que incluso se vaticinaba su extinción.
Por lo que se refiere a la industria de la televisión restringida por cable o vía satélite (Sky), estimaba un aumento en la piratería del servicio al ser éste gravado por el IEPS y por consiguiente incrementarse su costo. Además de que considerando el hecho de que los sistemas de televisión de paga se habían estado convirtiendo paulatinamente en redes públicas caracterizadas por la convergencia de otros sistemas de transmisión de datos, pues el impuesto desincentivaba su desarrollo en detrimento del progreso del país.
Lo anterior era definitivamente grave y más si se considera que algunas empresas habían pagado hasta 150 millones de dólares por las concesiones, por lo que en un acto de solidaridad incluso aquellas empresas que poco o nada resultaron afectadas por el gravamen acordaron sumarse a los amparos masivos en contra del impuesto.
Por tal motivo, y de acuerdo a cifras de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (CANITEC), más de 200 empresas del sector se ampararon en contra del IEPS, entre ellas, Cablevisión, Megacable, Cablemas e Imatel, mientras que las 20 principales empresas concesionarias del servicio de radiolocalización, entre las que se encontraban Móvil@cces, SkyTel y Digitel, también tramitaron el amparo correspondiente.
Dichos amparos, aún cuando cada empresa siguió sus propias estrategias, fueron tramitados fundamentándose principalmente en la inconstitucionalidad e inequidad de las disposiciones que contenía el impuesto, ya que se exentó a ciertos servicios pero se gravó a las mayorías, además de que se alegaba que el Congreso de la Unión no tenía facultades para crear impuestos especiales a las telecomunicaciones.
