[dropcap custom_class=»normal»] C [/dropcap]omo ya se comentó las telecomunicaciones son un sector primordial en el progreso de un país y en México aún se encuentra en desarrollo y enfrentando una serie de problemática que incluye desde la piratería hasta la falta de estructura, por lo que al gravarse con el IEPS estos servicios no sólo se puso en riesgo la inversión que se había efectuado en el sector, la cual es aún insuficiente, sino que se inhibía la misma, lo cual evidentemente que traería consecuencias negativas para el país.
Solo para darnos una idea de la situación que prevalecía en ese tiempo en éste sector, mencionaremos que en el caso de los servicios de televisión por cable, y de acuerdo a datos de la Cámara Nacional de la Industria de Televisión por Cable (CANITEC), durante el año 2001 la piratería mermó los ingresos de las empresas del sector en más de 270 millones de dólares, y aunque la industria reportó alrededor de 2.6 millones de usuarios se estimaba que existían aproximadamente 900 mil más que contaban con un servicio irregular, es decir, recibían la señal como consecuencia de la piratería que se practicaba de casa en casa…..Quien no supo o sabe de alguien así?.
Pero la televisión por cable tiende a evolucionar como toda tecnología y de ésta manera las empresas del sector se pretendían transformar de empresas de entretenimiento a operadoras de redes públicas de telecomunicaciones, con lo cual diversificarían sus servicios a fin de ofrecer, entre otros, telefonía e internet.
De hecho, dentro de sus planes, se pretendía que para el 2004 los ingresos del sector fueran sólo del 20% por concepto de los servicios de entretenimiento (televisión) y el 80% restante por otros conceptos, considerando que las más de 500 empresas en el país de televisión por cable contaban con aproximadamente 200 mil usuarios de internet por aquel tiempo.
En lo que se refiere al sector de telefonía móvil solo baste señalar que ya incluso en aquel tiempo el número de usuarios de ese tipo de servicios había superado al número de usuarios de la telefonía fija en más de un 50%. De acuerdo a estudios del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), al cierre del primer semestre de 2003, se reportó la existencia de 27.4 millones de usuarios, de los cuales el 93% eran clientes de prepago y el 7% de pospago.
De esos 27.4 millones de usuarios, 21.3 millones eran clientes de Telcel, 2.5 millones de Telefónica Movistar, 1.95 millones de Iusacell y 1.6 millones de Unefon. De acuerdo a estimaciones del citado organismo, para finales de 2003 el número de usuarios llegaría a 31 millones.
Pero independientemente del problema que representaba el gravar con un impuesto especial un sector tan vital para el progreso del país, como lo es el de las telecomunicaciones, mismo que por encontrarse todavía en desarrollo era necesario establecer políticas que incentivaran la inversión y no establecer un impuesto que definitivamente lo inhibiera, posponiendo la modernización y crecimiento del sector de ésta manera, pues se presentaba la situación de que las disposiciones donde se establecía el impuesto contenían contradicciones e inequidades tan grandes que hasta parecían ser producto de la tarea escolar de algún alumno bastante atrasado.
Y es que nunca en mi vida había visto disposiciones tan contradictorias ya que mientras en un artículo se señalaba que tal o cual servicio se encontraba gravado por el impuesto, en otro artículo se decía que estaba exento, y entonces el contribuyente quedaba en total inseguridad jurídica ya que no sabía si era melón o sandía,…… o la vieja del otro día.
Y para solucionar ésta situación de una manera legal que le brindara total certeza jurídica al contribuyente, pues tuvo que pasar un año ya que no fue sino hasta el decreto de reformas fiscales para el 2003, en que se les corrigió la plana a los diputados, en que se corrigió en la ley todos estos absurdos. Sin embargo, ocurrió que no se corrigió un problema quizá más grande, un problema que sin duda ocasionó que las metas de recaudación en cuestión del IEPS a telecomunicaciones no se alcanzaran y con ello toda la turbulencia que se armó en relación a ésta reforma hubiese sido totalmente en vano.
Ese problema era el de la inequidad de las disposiciones.
