La figura del tercero colaborador en materia fiscal se ha incorporado a las disposiciones fiscales a partir del 1º de enero de 2020, pero es interesante saber que esta figura no es exclusiva de nuestro país y que tampoco es una relativa novedad en el mundo jurídico, sino que en realidad tiene existencia desde hace siglos, tal y como Camila Rebeca Munizaga Prunes nos ilustra en su colaboración titulada “La figura del denunciante anónimo en el derecho tributario”, en el Número 14 del Anuario de Derecho Tributario del mes de diciembre de 2022.
Es de sobra conocido que históricamente el fisco siempre ha contado con recursos limitados para ejercer una debida fiscalización a todo el universo de contribuyentes, por lo que ha tenido que acudir a diversas herramientas para poder llevar a cabo su tarea de fiscalización, encontrando entre estas herramientas al uso de servicios de los ciudadanos para que informen sobre cualquier acto de evasión fiscal o de corrupción y mala conducta corporativa.
De esta forma, Munizaga Prunes apunta que “Ya en el siglo VII se recurría a los propios ciudadanos para descubrir esquemas ilegales de comportamiento, cuyo principio básico de funcionamiento recaía en la recompensa que se le ofrecía a la persona con una parte del dinero que ayudaron a recuperar, lógica que permanece en el espíritu de las normas modernas referentes al denunciante anónimo en diversas áreas del derecho.
El origen de la figura del denunciante de irregularidades en nombre del gobierno se remonta a la Inglaterra del Siglo VII, donde se hablaba de la abreviación latina “qui tam” o “qui tam pro domino rege quam pro se ipso in hac parte sequitur”, en español, “el que procesa por sí mismo y por el Rey”. El significado de esta expresión es que la parte que trae la información lo hace tanto por el interés del rey como por el suyo propio. Una demanda qui tam implica la combinación de dos intereses: un interés público por lograr la persecución del infractor denunciado y un interés privado en obtener el beneficio económico que se adjudica el denunciante producto de la información revelada.
El ejemplo más antiguo de esta figura data del año 695, en la declaración del Rey Wihtred de Kent, en la cual explicaba que si un hombre libre trabajaba durante “el Sabbath” iba a perder sus beneficios, y el hombre que denuncie esta conducta obtendrá la mitad de la multa y los beneficios del trabajo.
De ahí que, para el siglo XIV, la mayoría de los reinos de Inglaterra tenían su propia regulación denominada “en nombre del rey”, a través de la cual se incentivaba a los súbditos para denunciar a aquellos que violaran las leyes o no pagaran los aranceles de la corona. Sistema que funcionaba bajo la lógica de conseguir una mayor fiscalización para hacer cumplir las leyes sin un costo adicional asociado, más allá de tener que entregar un porcentaje de lo recuperado al denunciante.
En ese orden y a medida que los primeros denunciantes aumentaron en popularidad, la figura del denunciante anónimo se extendió por fuera de los límites de Inglaterra, llegando al continente de América, donde después de la Guerra Revolucionaria en Estados Unidos, el primer Congreso de este naciente país lo utilizó como un método para hacer cumplir la ley, en virtud de que contaba con escasos recursos para hacerlo por el mismo.
Luego, en el año 1863, el presidente Lincoln firmó la legislación sobre denuncia de irregularidades más influyente y duradera del derecho anglosajón, a saber, la False Claims Act o Ley de Reclamaciones Falsas, popularmente conocida como “La Ley de Lincoln”, la que creaba incentivos para que los particulares denunciaran los fraudes del gobierno.
Esta ley ha persistido desde su promulgación y se ha ido fortaleciendo a lo largo de sus 150
años de historia y existencia, ejerciendo influencia en la creación de otras disposiciones incluyendo la Oficina del Denunciante de la Administración Tributaria de Estados Unidos (IRS).
En la actualidad, la OCDE en su “Committing to Effective Whistleblower Protection”, publicado en el año 2016, ha hecho patente que la protección del denunciante anónimo es la última línea de defensa para salvaguardar el interés público, en virtud de que su protección promueve una cultura de responsabilidad e integridad tanto en las instituciones públicas como privadas, fomentando el reporte de malas conductas, fraude y corrupción. Agrega a continuación, que la protección del denunciante contribuye a reaccionar contra las malas prácticas y los asuntos de interés público, sin embargo, queda mucho por hacer para desarrollar un clima de franqueza e integridad que permita una efectiva protección del denunciante anónimo”.
