El recurso de revocación es un medio de defensa con que cuenta el contribuyente y que tiene el carácter de optativo antes de acudir al juicio de nulidad, es decir, que el contribuyente afectado por un acto de autoridad puede interponer juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) en contra de éste, o bien, de manera opcional presentar un recurso de revocación ante la misma autoridad que emitió el acto, por lo que algunos no lo recomiendan en virtud de que al tratarse de un recurso que se interpone ante la misma autoridad, pues el resultado casi siempre es contrario al contribuyente.
Sin embargo, existen algunos motivos para acudir al recurso de revocación:
a) No existe obligación de garantizar el interés fiscal para su interposición, mientras que al tramitar el juicio de nulidad si es necesario garantizar el interés fiscal.
b) Es posible presentar pruebas que no se presentaron durante el procedimiento fiscalizador. Recordando que conforme al principio de litis abierta no se puede presentar pruebas ante el TFJA que no se presentaron ante el ente fiscalizador en su momento, sea en la revisión o en el recurso administrativo.
Por lo que si se tienen pruebas que no se presentaron a la autoridad durante su revisión, entonces es recomendable optar por acudir al recurso de revocación y ahí presentarlas, ya que si se acude al juicio de nulidad de manera directa, tales pruebas no serán aceptadas para su valoración por el tribunal, ya que no se le dio oportunidad a la autoridad fiscal de valorarlas.
De tal manera que una prueba superveniente, es decir, una prueba con la que no se contaba durante el procedimiento fiscalizador, o en su caso, al tramitar el recurso de revocación, si podría presentarse en el juicio contencioso.
c) Cuando el plazo para interponer el medio de defensa es corto, es posible interponer el recurso de revocación para así obtener más tiempo para preparar el juicio contencioso, considerando que ante el tribunal es posible ampliar lo alegado en el recurso de revocación, por supuesto con base en las pruebas que ya se han exhibido con anterioridad a la autoridad, sea en el proceso fiscalizador o en el recurso administrativo.
